Desde ASPACE Andalucía apoyamos el manifiesto de CERMI Andalucía «Por una justicia democrática real y efectiva para las mujeres con discapacidad» en este Día Internacional de la Mujer.

Hoy 8 de marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las mujeres con discapacidad queremos una vez más trasladar ante quienes tienen responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de políticas públicas y ante la sociedad en general, nuestras reivindicaciones como mujeres en un ámbito tan importante como es el de la justicia.

Aun cuando vivimos en un Estado cuya Constitución declara que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (art. 24.1 de la Constitución) sin embargo, la realidad pone de manifiesto cómo el acceso a la justicia sigue estando vetado para miles de mujeres con discapacidad, que enfrentan obstáculos de toda índole a la hora de hacer valer sus derechos en sede judicial.

El artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que hombres y mujeres deben tener igualdad en la ley y en la protección de la ley y que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Por su parte, el art. 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge la obligación de los Estados Partes de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás.

Sin embargo, son aún muchos los obstáculos existentes que nos inhiben a accionar nuestros derechos. Desde las barreras simbólicas, que impregnan la labor de todos los operadores involucrados (cuerpos de seguridad del estado, abogacía, fiscalía, magistratura), hasta las puramente materiales y evidentes relacionadas con el entorno físico y de la comunicación, constituyen trabas que sistemáticamente impiden el ejercicio de un derecho fundamental que forma parte del denominado “núcleo duro” de nuestra Carta magna y que goza de un carácter indisponible.

Y es que la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son herramientas clave que la ciudadanía tiene a su disposición en un estado democrático de derecho para evitar que las violaciones de sus derechos e intereses legítimos queden impunes. Las mujeres con discapacidad, casi dos millones y medio en nuestro país, conocemos bien lo que significa ver conculcados nuestros derechos y también experimentar que poco o nada se hace para defenderlos. Así, por ejemplo, ha sido y sigue siendo todavía una ardua tarea denunciar que las mujeres con discapacidad también somos potenciales víctimas de violencia de género (no hay que olvidar que vivimos en una sociedad que aún se resiste a reconocernos como mujeres).
Aproximadamente un 13% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o exparejas cada año en España, son mujeres con discapacidad, y sin embargo, este dato de relevancia clave para articular políticas públicas adecuadas no pasa de ser una información anecdótica plasmada en la página de algún periódico.

Que una mujer con discapacidad víctima de violencia de género consiga llevar a juicio su caso puede considerarse una proeza, si se tiene en cuenta que el sistema por lo general desconfía de nuestros testimonios (y muy especialmente si la mujer tiene una discapacidad intelectual, psicosocial o se trata de una mujer sordociega), a lo que hay que sumar la falta de accesibilidad en todas las instancias por las que debe transitar una mujer que decide denunciar, la escasa preparación de las y los profesionales involucrados en este campo y, lo que es más grave, la falta de conciencia de ser titulares de derechos que muchas mujeres con discapacidad tienen hoy día.

Asimismo, no podemos olvidar a las miles de mujeres con discapacidad que actualmente se encuentran incapacitadas judicialmente y que, por lo tanto, no pueden acceder a la justicia por sí mismas cuando sus derechos son conculcados, si no es a través de una persona intermediaria (tutora o curadora), situándolas en una situación de especial vulnerabilidad.
Denunciamos, además, que el procedimiento de modificación de la capacidad legal recogido en nuestro ordenamiento jurídico contraviene lo establecido en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por ello exigimos su total abolición y abogamos por el establecimiento de mecanismos efectivos para el apoyo en la adopción de decisiones.

Por último, también nos preguntamos de qué manera el Gobierno de este país va a reparar el daño cometido a tantas niñas y mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas sin su consentimiento, al amparo de unas leyes que se dicen garantistas, pero que en la práctica destierran a los márgenes del sistema a miles de ciudadanas.

Por todo esto, las mujeres con discapacidad en este 8 de marzo EXIGIMOS:
– Que se terminen las inercias que plagan la actuación jurisdiccional, basadas en estereotipos y mitos en torno al género y la discapacidad, a través de acciones de formación y toma de conciencia sobre la realidad de las mujeres con discapacidad dirigidas a sus operadores clave.

– Que se garantice la plena accesibilidad del sistema de justicia y la formación de sus profesionales como criterios prioritarios para alcanzar su verdadera democratización. Esta exigencia se hace extensiva a todos las instancias y actores que intervienen en el itinerario que debe transitar una mujer para exigir la vigencia de sus derechos (denuncia en sede policial, atención en las oficinas de atención a las víctimas, colegios profesionales de la abogacía, tribunales…)

– Que la futura Fiscalía especializada en discapacidad sea una instancia de verdadera protección de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, coordinando su acción con el trabajo que desarrolla la Fiscalía de violencia sobre la mujer.

– Que se establezca un turno de oficio especializado en materia de discapacidad paralelo al turno de oficio especializado en violencia de género, que ofrezca una asistencia adecuada a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia.

– Que, conectado con el acceso real y efectivo a la justicia, se acabe de una vez por todas con las incapacitaciones, que solo sirven para arrebatarnos nuestros derechos, no poder ejercerlos directamente y convertirnos así en potenciales víctimas sin posibilidad de defensa. De esta manera, los derechos de las niñas y mujeres incapacitadas deberá prevalecer sobre cualquier otro derecho de madres, padres,
abuelas, abuelos u otros familiares.

– Que nuestro Gobierno reconozca públicamente las violaciones de derechos humanos que han sufrido en nuestro país miles de niñas y mujeres con discapacidad esterilizadas sin su consentimiento en el pasado y en el presente y apruebe medidas para resarcir el daño ocasionado por estas prácticas contrarias a los derechos humanos.

Porque la conquista plena de la ciudadanía también se lleva a cabo ejerciendo nuestros
derechos ante los tribunales, las mujeres con discapacidad demandamos:

¡UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA REAL Y EFECTIVA PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD!