El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las Comunidades Autónomas, como Administraciones competentes en materia social, que habiliten con urgencia fondos adicionales para que las estructuras de la discapacidad que prestan servicios sociales de carácter público por delegación, puedan hacer frente al impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las demás obligaciones que se deriven de la negociación colectiva en curso.

El sector de la discapacidad ha saludado como medida social positiva el fuerte incremento del SMI aprobado por el Gobierno de España, que mejorará la capacidad de renta de los salarios más bajos y dignificará las condiciones laborales de un gran número de trabajadores. Un aumento que tiene efectos directos en los servicios públicos de atención social que gestionan las entidades de la discapacidad y que están concertados con las Administraciones autonómicas, con módulos económicos previos a la subida del SMI.

Al tratarse de servicios públicos prestados por delegación, las CCAA deben actualizar con celeridad los conciertos con las entidades sociales para asumir el impacto del SMI y demás mejoras que se deriven de la negociación colectiva sectorial, disponiendo fondos complementarios para hacer frente al diferencial de financiación necesario para la continuidad y viabilidad de la atención social.

La subida del SMI no puede ser neutra para las Administraciones sociales, despliega efectos inmediatos financieros a los que hay que dar una respuesta coherente y suficiente, y huir de comportamientos cínicos e hipócritas de celebrar el aumento del SMI y no actuar en consecuencia previendo y compensando todos sus impactos.

Fuente: Cermi Estatal