La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informó ayer, miércoles 3 de abril, en una comparecencia parlamentaria, sobre el plan de choque que su departamento ha puesto en marcha desde el 1 de abril en materia de dependencia.
De ahí la puesta en marcha de este plan de choque en materia de Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros y que tendrá como objetivos simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios que prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
«Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del sistema de prestaciones de la atención a la dependencia, para adecuarlo a la realidad y a las necesidades del conjunto de personas usuarias», destacó la consejera.
Rocío Ruiz detalló la batería de medidas que se llevarán a cabo dentro de este plan, como serán la simplificación de los trámites y de la documentación solicitada, la potenciación de la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico, la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia, la revisión tanto de los criterios de gestión como de los protocolos de actuación y la mejora de la coordinación entre el sistema social y sanitario. «Todo ello redundará en un sistema más seguro, transparente y accesible, así como en la agilización del procedimiento administrativo y, por tanto, en la reducción del tiempo de espera», explicó.
La consejera también desglosó los 77 millones de presupuesto destinado al plan de choque: 36,6 millones de euros para la ayuda a domicilio; 14,1 millones para cuidados en el entorno familiar; 15,7 millones de euros para atención residencial; 4,4 millones de euros para centros de día; y 6,6 millones de euros con destino a la prestación económica vinculada al servicio.
«Un aumento de la financiación que apuesta por los servicios de proximidad, y que va a mejorar los recursos de los que se dispone para las prestaciones y servicios de la dependencia», señaló Ruiz, que ha contrapuesto el esfuerzo presupuestario «con la dejación de funciones del anterior Gobierno, que dejó sin ejecutar más de 35,2 millones del presupuesto de Dependencia durante los años 2017 y 2018».
Por último, la consejera instó «al próximo Gobierno que surja tras las elecciones del 28 de abril a que convoque, de manera urgente e inmediata, la Conferencia de Presidentes para dar una solución real y efectiva a la aplicación de la Dependencia, así como al nuevo modelo de financiación autonómica».