La Junta solicita la convocatoria urgente de la Comisión General de las Comunidades para abordar los recortes a la dependencia

La merma de financiación estatal ha supuesto más 518 millones durante los últimos cinco años en Andalucía y 2.800 en el conjunto de España

El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de abordar la incidencia de los recortes del Gobierno central en el sistema de atención a la dependencia. El Ejecutivo autonómico recuerda que, sólo en Andalucía, esta merma de financiación ha alcanzado los 508 millones de euros entre 2012 y 2016, a la que se suman más de 10 millones que la comunidad ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para unas 20.000 personas en situación moderada. Con esta deuda se podría haber atendido a 105.000 personas.

En el conjunto de España, los recortes han supuesto la pérdida de 2.800 millones de euros, así como la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras en el entorno familiar. Ello provoca grandes desequilibrios en las finanzas de las comunidades autónomas, obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo para evitar que el sistema de atención a la dependencia sea incapaz de cumplir los fines para los que fue creado en 2006.

La propuesta del Consejo se concreta en la petición de un calendario de comparecencias de los máximos responsables estatales y autonómicos en la materia, así como en el establecimiento de un sistema de financiación que permita a las comunidades cumplir con sus obligaciones. Según los últimos datos, la Administración General del Estado aporta actualmente menos del 22% del total del coste del sistema en Andalucía y la Junta más del 78%, pese a que la legislación nacional establece una cofinanciación al 50%.

El presupuesto andaluz para atención a la dependencia ha superado este año los 1.160 millones de euros, cantidad similar a la que anualmente destina el Estado para todo el país (1.250 millones). Este compromiso por el mantenimiento del sistema se verá refrendado en 2017 con una dotación superior a los 1.188 millones, un 2,5% más que en el presente año, lo que permitirá incorporar a 65.000 nuevas personas beneficiarias.

Además de la convocatoria de la Comisión General, el Ejecutivo andaluz ha acordado solicitar que se elabore y remita al Gobierno central un informe motivado con las recomendaciones que se deriven de las comparecencias. En este marco, la Junta propondrá al resto de administraciones autonómicas los grandes ejes de consenso contenidos en el Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que remitió al Gobierno central el pasado año.

Entre estas medidas destacan el replanteamiento del modelo de financiación del sistema con el fin de asegurar su sostenibilidad; la reposición urgente de la cofinanciación estatal legalmente exigida; medidas de apoyo para la reactivación del sector vinculado a esta materia, que sólo en Andalucía supone casi 50.000 empleos; la garantía de la responsabilidad pública en la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección, y el apoyo al papel de las corporaciones locales en la prestación de una atención de calidad. En este último punto, el Gobierno andaluz insiste en la necesidad de derogar los artículos de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que atentan contra la capacidad de las diputaciones y los ayuntamientos para seguir siendo puerta de entrada al sistema de servicios sociales.

El Ejecutivo autonómico también considera imprescindible realizar un nuevo baremo de valoración de la dependencia más preciso, corrigiendo los cambios introducidos por la Administración central en este aspecto, así como simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases (solicitud, valoración, programa individual de atención, provisión del servicio y seguimiento), de manera que el plazo total no supere los seis meses.

Otros objetivos que plantea la Junta se dirigen a impulsar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios; recuperar los mecanismos de participación y transparencia cercenados por los sucesivos recortes en la actual legislatura, y fijar el compromiso de que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados. Finalmente, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales (en un 94% mujeres), suprimida en 2012.
Según los datos correspondientes al pasado mes de octubre, Andalucía atiende a 185.200 personas en situación de dependencia, que se benefician de 239.000 prestaciones. La comunidad ocupa el primer lugar nacional en ambos conceptos, en los que rerpresenta más del 23% del total de España.