El 2021 ha sido un año colmado de novedades y medidas enlazadas con el sector de la discapacidad, muchas de ellas, necesarias debido a la crisis social y económica motivada por la pandemia del coronavirus. Era esencial que se centrara la mirada en uno de los colectivos más golpeados por la situación actual y tomaran decisiones para tratar de minimizar el impacto  de estos dos últimos años de crisis sanitaria.  Entre estas medidas encontramos modificaciones en el sector económico, legislativo, educativo y sanitario.

En el ámbito nacional, hablamos de la gran reforma del Derecho civil español en el que se ha reformado la legislación civil y procesal para que se derogue la incapacitación judicial de las personas con discapacidad, estableciendo un nuevo modelo orientado a los apoyos que estas  puedan necesitar para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales. Con su entrada en vigor desde septiembre, España marca la pauta al resto de países que aún tienen que realizar en materia de capacidad jurídica la adaptación al nuevo paradigma de apoyos de la Convención de la ONU.

Además, también se consiguió en todo el territorio nacional la exención del copago en la prestación farmacéutica para menores de 18 años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, lo que supone un alivio económico para miles de familias que se enfrentan a un sobrecoste que pueden llegar al 40 % respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad.  Otra consecución del año 2021 ha sido la extensión de  la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que se amplía desde los 18 años actuales hasta los 23.

Todas estas incorporaciones o reformas giran en torno a  proporcionar apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, como reivindicamos en la campaña del movimiento ASPACE #168horas, en la que señalamos la importancia de los apoyos para que las personas con parálisis cerebral gocen de una vida digna.

En Andalucía, la Administración se ha comprometido a mejorar la financiación de los centros  de atención de personas con discapacidad gracias a un acuerdo que consigue subir el coste plaza de centros residenciales y de día hasta un 8% en los próximos dos años, con un incremento del 6% en 2022 y un 2% en 2023, además de la subida del 2.6% aplicada en el año 2021.  De esta manera, se mejora la financiación de estos servicios  que venían sufriendo déficit desde hace años en su funcionamiento. Además se han perfeccionado otros aspectos de gestión contenidos  en el acuerdo por la garantía de la sostenibilidad y mejora del modelo de atención a las personas con discapacidad en Andalucía firmado entre la Consejería de Igualdad y el CERMI Andalucía al que pertenecemos.

Así mismo, en el ámbito educativo, se ha avanzado en la proporción de medidas de apoyo en el aula mediante la regulación del servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de lengua de signos española, proporcionando atención especializada y complementaria a la del profesorado.

Ha sido un año con muchas dificultades que han tenido que ser superadas pero también hemos contado  avances que nos permiten vislumbrar avances importantes en la conquista de derechos y para la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo de atención.