Muchas personas con discapacidad acudirán a las urnas el próximo 28 de mayo, pero ¿sabemos realmente las trabas con las que pueden encontrarse a la hora de ejercer su derecho a la participación política?

Desde ASPACE Andalucía, el pasado 9 de mayo acudimos al Parlamento de Andalucía con ocasión del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que hablamos precisamente de este asunto.

La integración de España en este tratado internacional garantiza el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en su artículo 1. Para ello, garantizar la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad se convierte en un elemento esencial para cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente por España.

Sin embargo, ¿se garantiza de facto la accesibilidad universal en todos los sentidos, incluidos en lo que se refiere al acceso a la información y a la comunicación?

Para contar con una accesibilidad plena deberíamos poder contar con estos factores:

• La accesibilidad arquitectónica de los locales electorales y los lugares públicos donde se realicen los meeting de campaña.
• Los apoyos complementarios necesarios para el lenguaje de signos para el personal que compone las mesas electorales con discapacidad auditiva.
• Programas electorales de lectura fácil (Utilizar frases sencillas y directas, fotografías, infografías y letras en negrita, entre otros recursos, para hacerlos más comprensibles), que las campañas electorales sean comprensibles para las personas con discapacidad intelectual, como ocurre con las papeletas en Braille.
• Apoyo para personas con discapacidad intelectual que sean candidatas en las elecciones, o ayuda para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan decidir su voto.

Desde ASPACE Andalucía, queremos incidir especialmente en el hecho de que hasta 2018 las personas incapacitadas jurídicamente, entre las que pueden encontrarse aquellas con discapacidad intelectual, no tenían acceso al voto. La reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) aprobada unos años atrás, fue la que permitió la participación plena y efectiva en la vida política y pública, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad.

Una sociedad democrática no puede permitirse que las oportunidades y el acceso a la información y al poder no sean iguales para toda su ciudadanía. Al contrario, debe de impulsarse la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo. Si no se cuenta con las suficientes garantías se promueve el votar a ciegas, sin información básica. Desde entidades como las de ASPACE trabajamos por que los derechos de las personas con discapacidad, parálisis cerebral u otras discapacidades afines no se vean melladas por las desigualdades que pueden llegar a experimentar, llegando muchas veces a ser tratados como “ciudadanos de segunda”.