Carmen Recio se incorporó el jueves en su primer trabajo, un contrato temporal de seis meses en el Ayuntamiento de Córdoba. Con un sueldo ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional,  se enmarca en el programa Emplea Joven y su misión es la organización de los archivos de la casa consistorial.

Tiene 25 años y  fruto de una meningitis, es una persona con  parálisis cerebral, que le impide tener una  movilidad completa, por lo que se mueve en silla de ruedas. Estudió un ciclo medio de gestión administrativa en el IES Trassierra y hace cuatro años se apuntó en el Servicio Andaluz de Empleo.

«Hace un mes me llamaron del SAE para una entrevista, yo había echado los papeles del Emplea, pero no sabía que era para eso, así que fui y, después de hacer las pruebas, me seleccionaron», cuenta encantada. «Las personas con discapacidad estamos preparadas, queremos trabajar y ser útiles a la sociedad, no cobrar una pensión y quedarte en tu casa, pero, si el mercado laboral es complicado para una persona que no sea discapacitada, para nosotros es casi imposible.  Si no es por este tipo de convocatorias que reservan  plazas para persona con discapacidad, tal vez nunca hubiese tenido esta oportunidad».

Cuando acabó los estudios,  Carmen se dedicó a hacer cursos y prácticas, sin remunerar, para tener experiencia laboral, comenta. Hace dos semanas la avisaron de que se tenía que incorporar el día 27 de junio en la Gerencia de Urbanismo y ahora está encantada.

«Cuando me lo confirmaron me puse a llorar de la alegría», explica, «y ahora, que he empezado, me gusta aún más, estoy en el programa de archivo y documentación».

El Art. 35 de la Constitución Española establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…”