La Federación ASPACE Andalucía participa en el borrador al trámite de audiencia del Decreto 231/2021, de 5 de octubre, por el que se implanta un servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales, contando así con profesional técnico de integración social y de interpretación de lengua de signos española de forma regulada, junto con condiciones para su prestación, autorización y gestión.

De esta manera, el alumnado puede contar con estos profesionales cuando necesite desplazamiento, ayuda en el aseo personal, en la alimentación, en el control de esfínteres, en el uso del WC, etc… Además, también se asistirá si el alumno/a necesita supervisión especializada más allá de la que puede prestar el profesorado ordinariamente, entendiéndose que la respuesta únicamente podría dársela un profesional y no podría resolverse con medidas más normalizadas.

Al mismo tiempo, otra de las aportaciones que se ha tenido en cuenta tiene que ver con la  prestación del servicio de apoyo no solo durante el horario lectivo del estudiante, sino también, durante el recreo. En el caso de las personas afectadas con parálisis cerebral, muchas precisan de ayuda para utilizar sistemas alternativos de comunicación, es por ello que con la intervención de los profesionales se cubriría esta necesidad a la vez que se consigue la plena participación del estudiante tanto dentro como fuera del aula.

Junto a esta idea, la Federación también planteó la eliminación del “carácter excepcional” para que el servicio complementario se pudiera utilizar en cualquier etapa de la escolarización, desde secundaria hasta bachillerato o formación profesional. Siempre y cuando, su asistencia sea imprescindible para el correcto desarrollo de la escolarización, de acuerdo con los correspondientes informes emitidos por los equipos o departamentos de orientación.

El servicio podrá ser gestionado de forma directa por la Consejería competente en materia de educación o, de forma indirecta, a través de las contrataciones que realice la Agencia Pública Andaluza de Educación en su ámbito de competencias.

Desde las entidades ASPACE consideramos fundamental que la prestación responda en función del número de estudiantes matriculados que precisen asistencia y de su grado de discapacidad,  y no de la disponibilidad presupuestaria existente. Garantizar en su totalidad todas las necesidades educativas especiales sigue siendo una asignatura pendiente de mejora.